Gran impacto y conmoción ha causado en nuestro país el caso de Sophía, una lactante que falleció debido a las graves lesiones provocadas, supuestamente, por su padre. Ahora nos encontramos con el caso sucedido en Licantén que afecta a otra niña. El caso de Sophía ha puesto en el debate restablecer la pena de muerte, idea impulsada por diversos movimientos sociales y que derivó en la solicitud de algunos diputados al presidente electo la idea de plebiscitar, con el fin de reponer esta sanción.
Nuestra Constitución no contempla esta pena desde que fue derogada el 2001 y reemplazada por el presidio perpetuo calificado. Asimismo, nuestro país ha suscrito diversos compromisos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual busca protección del derecho a la vida restringiendo este castigo.
Sin embargo, antes de considerar restablecer esta controversial sanción, debemos analizarnos como sociedad y ver qué nos falta, ya que es claro que estamos al debe en la protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas. Una sociedad empoderada que se siente sujeta de derechos, también debe asumir deberes, los cuales están ligados con el cuidado y protección de la infancia en todos sus planos, ya que si queremos vivir en una sociedad sana tenemos que trabajar en aquello, no solo exigiendo leyes, sino siendo nosotros los constructores de un nuevo trato que permita el cuidado y la protección integral de los derechos del niño.
Por ejemplo, los contenidos de la televisión abierta son el reflejo de una sociedad violenta e hipererotizada, la cual proporciona información inadecuada. Por ende, el deber es mayor y debe centrarse en proporcionar los valores correctos a cada integrante de la comunidad, emanados desde las familias, el sistema educativo y los medios de comunicación, con el fin de formar desde la infancia una sociedad tolerante y respetuosa.
Como seres humanos debemos razonar y entender que estas conductas desviadas no se encuentran en el castigo, sino que, en la prevención, lo cual es factible de realizar si trabajamos en conjunto. En síntesis, esto no solo es un problema legal, sobre la aplicación o el aumento de sentencias, sino que se trata de un cambio cultural, porque muchas familias tienen normalizada la violencia y el abuso en todas sus formas. Asimismo, estos hechos no pueden significar una reacción, ya que no existe justificación ética para que se disponga de la vida del otro mediante las leyes, pues un estado debe ser garante de impartir justicia, no venganza.
Jorge Brito O.
Ing. Agrónomo
Junta de Adelanto del Maule
Fuente: Diario El Centro.